El 58.9% de los embarazos de las adolescentes de 15 a 19 años y el 83.4% de los de las menores de 15 años son embarazos no intencionales (PNSIA, 2018). El Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) se constituyó en 2007, de manera interdisciplinaria, teniendo como eje central el abordaje de la salud como un derecho humano y social. Nuestro país cuenta con un amplio marco normativo, como el Código Civil y Comercial de la Nación, la ley 26.529 de Derechos del paciente, la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la ley 26.150 de Educación Sexual Integral.
Los embarazos no intencionales en edades tempranas afectan las oportunidades de vida en cuanto al desarrollo personal y la salud de la persona gestante. Aquí hay un atravesamiento de la perspectiva de género porque las que ponen el cuerpo son las mujeres y ello implica que profundiza una situación de desigualdad que ya conocemos establecida.
Las mujeres tenemos derecho a gozar de la propia sexualidad sin presiones ni violencia y decidir si tener hijos/as o no, la cantidad de hijos/as que desea tener y el intervalo óptimo entre cada hijo/a. La salud sexual busca promover el desarrollo de una sexualidad sana y placentera, y una “procreación responsable” la que implica tomar decisiones luego de haber recibido información sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles en espacios de Consejería y decidir sobre aquellos métodos que mejor se adaptan a cada persona, respetando las convicciones y deseos de esa persona.
Usar un método anticonceptivo puede disminuir las chances de cursar un embarazo en el futuro mediato
Una vez producida la iniciación sexual, la probabilidad de quedar embarazada está estrechamente relacionada con tres factores: la escolaridad, el haber tenido educación sexual y haber usado un método anticonceptivo en la primera relación sexual. Eso último nos indica que si se ha tenido la oportunidad de acceder a un espacio de Consejería en salud y usó un método anticonceptivo se pueden disminuir las chances de cursar un embarazo en el futuro mediato.
Por su parte, entre los factores que dificultan la prevención de los embarazos no intencionales se señala que la utilización de métodos anticonceptivos en las adolescentes es baja o no sistemática, según investigaciones de Kornblit, y equipo y Fundación Huésped-UNICEF (2007-2012).
La maternidad temprana es en gran medida el resultado de la exclusión social. Y, a su vez, afecta las oportunidades educativas y laborales y, por tanto, el futuro de las jóvenes, quienes afrontan la transición a la adultez con menores recursos según UNICEF.
También se relaciona con el no reconocimiento de la condición de sujetos sexuales de las y los adolescentes, en tanto no se les provee suficiente educación sexual integral ni acceso a anticonceptivos eficaces o al aborto seguro. Esto incrementa la vulnerabilidad hacia sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
Un embarazo y parto en menores de 15 años aumenta los riesgos para la salud
Por su parte, el embarazo y el parto, especialmente en las menores de 15 años, aumentan los riesgos para la salud y para la vida. A su vez, la proporción de nacimientos de bajo peso y la de prematuros se incrementan en la adolescencia y en mayor magnitud en las edades más tempranas.
En lo que respecta a los equipos de salud, las investigaciones informan que en muchas ocasiones los prejuicios, mitos, temores y concepciones infundadas del personal de salud actúan como barreras al acceso de las y los adolescentes a los métodos.
Algunos profesionales desconocen el marco legal y otros no aplican las disposiciones por temor a un conflicto legal con los padres o adultos responsables. Muchas veces se exige la compañía o autorización de adultos para recibir atención o entrega de métodos anticonceptivos y esto es más frecuente cuanto menor es la edad del adolescente (UNFPA, 2016).
Otros problemas que afectan la accesibilidad a los métodos pueden ser la localización y características de los servicios de salud, la gratuidad y/o una oferta de métodos que no necesariamente se condice con las preferencias de las adolescentes.
La posibilidad de prevenir embarazos no intencionales encuentra otra barrera en la utilización incorrecta de la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE). Diversos estudios han mostrado que las principales barreras al uso de la AHE son el bajo conocimiento por parte de la población, que generalmente accede a información por canales informales, y la actitud reticente de médicos y otros profesionales de salud a prescribirla y entregarla.
Es necesario diversificar diversificar la oferta, potenciar el uso del preservativo y con foco en las opciones de mediano y largo plazo tales (DIU, implantes e inyectables). Por su parte fortalecer la oferta y entrega de métodos en el posparto, lo cual redunda claramente en la prevención de nuevos embarazos, así como pos-aborto. Como también lo es facilitar el acceso oportuno a la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) un recurso subutilizado que contribuiría a reducir los embarazos no intencionales.
De ahí la importancia de la educación sexual integral en espacios de intercambio y reflexión que permitan a los jóvenes posicionarse como sujetos que puedan hacer uso efectivo de sus derechos. Sin olvidar que la consejería anticonceptiva resulta una estrategia imprescindible en los equipos de salud, para tener en cuenta, por ejemplo, la compatibilidad del método indicado con el contexto de vida afectivo-sexual, las representaciones sobre la sexualidad (sexo como algo espontáneo, “natural”), la desigualdad de poder entre los géneros y la ambivalencia del deseo de tener hijos.
Recomiendo preguntar todo en el espacio de Consejería, así te sacas todas las dudas podes disfrutar libremente.
Fuente: Lic. Analía Lilian Pereyra, Sexóloga Clínica y Educativa- MP: 22-1773-IG: @licenciadaanaliapereyra
