Luego de la muerte del príncipe Felipe en septiembre del año pasado se dio a conocer que su testamento permanecería sellado por 90 años, con el objetivo de proteger a la dignidad de la soberana.
Esta noticia la dio a conocer el juez de la Alta Corte de Londres y presidente de la División Familiar, Sir Andrew McFarlane, quien aseguró en aquel momento que, “aunque puede haber curiosidad pública sobre las disposiciones privadas que un miembro de la familia real puede elegir en su testamento, no hay ningún interés público verdadero en que el público conozca esta información totalmente privada”.
Tras varios meses de investigación, en las últimas horas dio a conocer que los jueces de la Corte de Apelaciones, rechazaron la denuncia argumentando que “la audiencia se llevó a cabo en privado por circunstancia excepcionales”, incluso, se aclaró que no se tenía por qué notificar a los medios.
“No estamos seguros de que haya un interés público especifico en saber cómo se distribuyen las posesiones de la familia real”, sentenciaron los jueces.
Hay que destacar que en dicha audiencia sólo estuvieron presentes el abogado del príncipe Felipe, los asesores de la reina Isabel II, el asesor del gobierno y el procurador general. Este último, asistió como representante del interés público.
Según la información que se dio, los testamentos de por lo menos 30 miembros de la familia real se encuentran bajo el resguardo de Sir Andrew McFarlane en una caja fuerte como el de la reina Madre, la princesa Margarita y el rey Eduardo VIII.
