En las últimas horas, medios internacionales dieron a conocer que Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron finalmente España. Esto en medio de una batalla contra el Ministerio de Hacienda del país europeo, con el que la intérprete colombiana tenía conflictos legales. Desde hace varios años que esta entidad acusa a Shakira de evadir impuestos millonarios.
Es por esa razón, que la autora de "Monotonía" lanzó un escrito dirigido al Ministerio, acusándolo de invadir su privacidad y aseguró que ya pagó 104 millones de euros en impuestos, siendo 90 millones los dirigidos a España. Por su lado, Hacienda la acusa por seis delitos que rondarían 14,5 millones de euros (por acciones cometidas entre 2012 y 2014).
Esto no es todo ya que la fiscalía pide 8 años de cárcel, por lo que en los próximos días, la Audiencia de Barcelona podría fijar ya la fecha del juicio. De acuerdo a la defensa de Shakira, la Agencia Tributaria realizó una campaña mediática con el objetivo de forzar a la cantante a que "se declarara culpable y tratara de llegar a una conformidad con las acusaciones".
Sin embargo, desde el Ministerio afirman que recurrieron a "medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada", con el fin de demostrar que residió más de 184 días por año en España y que debía declarar, algo que ella negó firmemente.
Qué dice la defensa de Shakira
Los abogados de Shakira sostuvieron que ella "pagó impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española" y que se "cumplió escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional".
Este 2022 es un año muy complicado para la artista, quien no sólo tuvo que enfrentar su separación e infidelidad por parte de Gerard Piqué. Sino también, la aparición de la nueva pareja del futbolista, Clara Chía Martí, una joven que ya fue vista con el deportista, en varios eventos públicos. A esto se le suma, la fuerte acusación de la Hacienda Española, por la que podría ir a ocho años de prisión.